El pasado 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Ambos son acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto en Gaza que tuvo lugar entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Las acusaciones incluyen dirigir ataques intencionados contra la población civil, privar a los habitantes de Gaza de bienes esenciales como alimentos, agua y electricidad, y dificultar la entrada de ayuda humanitaria.
La decisión, adoptada por unanimidad por un panel de jueces, también incluye una orden de arresto contra Mohammed Deif, un líder de Hamás, quien presuntamente falleció en un ataque israelí en junio. Estos procesos han generado una amplia controversia internacional, con varios gobiernos condenando las órdenes. Israel, que no es miembro de la CPI, ha rechazado la jurisdicción del tribunal y calificó el fallo como «parcial y politizado».
Estados Unidos y otros aliados de Israel también han criticado la medida, mientras que países como Argentina han expresado su solidaridad con Israel, argumentando que la CPI no está reconociendo el derecho del país a defenderse de grupos armados como Hamás.
El impacto inmediato de esta decisión incluye restricciones potenciales a los viajes internacionales de Netanyahu y Gallant, ya que los países miembros de la CPI están obligados a detenerlos si entran en su territorio. Esto añade presión al gobierno israelí en un momento ya marcado por tensiones diplomáticas y conflictos en la región.
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